Ayer 27 de Septiembre de 2015, el historiador Luis Alberto Romero publicó una columna especialmente redactada para el Diario Los Andes (http://www.losandes.com.ar/article/el-teatro-de-los-juicios). El título es el fiel reflejo de un aparato cultural que desdeña desde la superestructura, y que se expresa en términos tales que logra inferir la existencia de un cuento de hadas, una fábula, un mito o una mentira flagrante en las concepciones y las acciones ajenas. Así, “el teatro de los juicios” se suma a otras grandes expresiones del conservadurismo talibán argentino tales como la de “el relato”.
Vea que no es casualidad la intención de colocar de antemano una situación en el plano de lo imaginario o lo fantástico o lo que no debía ser tomado en serio. Las posiciones ideológicas del sector al que pertenece el historiador tienen como expresión más cabal la de colocar las ideas ajenas en éste plano, haciendo más fácil el acceso al examen moral de la posición en lugar de escrutar los argumentos y sus validaciones.
Comienza por no detallar cuales son los vicios del procedimiento que repugnan a la ley y que tan necesarios son para poder formar la opinión para-legal que intenta esbozar el autor. En éste sector de la opinión política, alcanza con la condena de que afecta las instituciones, o tal vez un valor, elevado a una categoría divina.
Dice el escriba: “el primer acto del drama es el trato vejatorio a los acusados, para quienes no valen los derechos humanos”. Y estoy de acuerdo con él. El sistema judicial actual adolece de una clara influencia sobre el futuro de un acusado. Imagínese que si es vejatorio para quienes fueron parte de la Dictadura y estuvieron hasta el día de hoy impunes, lo que puede esperarle a un ratero capturado en pleno centro y en flagrante delito. El sistema judicial no es animoso sólo con los acusados de delitos de lesa humanidad.
Por otro lado, no me extraña que los testigos recuerden detalles después de 30 años. Vea, la dictadura cometió los crímenes más tremendos de los que el Estado Nacional tenga memoria, desde la Guerra al Paraguay. Hizo lo que quiso con muchos detenidos: lanzarlos drogados desde aviones al Río de la Plata, violar mujeres presas por causas políticas, negar los hábeas corpus a los familiares de detenidos-desaparecidos, aplicar picana eléctrica en los órganos sexuales y hasta en las encías. Después supieron apropiarse de bebés nacidos en cautiverio y privarlos durante años de su identidad. ¿Los testigos debieran olvidarse de que éstas cosas pasaron? Seguramente es sospechoso acordarse de esas cosas para un sector que pretende olvidar que pasaron y “dejar de hurgar en el pasado para mirar hacia el futuro”.
La primera crítica legal profunda deviene de la aparente violación a una máxima del Derecho Penal y es la de la presunción de inocencia. Por lo relatado, existen hoy en las cárceles argentinas, una atendible cantidad de acusados de delitos de lesa humanidad presos por presunciones de culpabilidad. Dicha realidad acusa de una palpable gravedad institucional. La existencia de una presunción de culpabilidad repugna al Estado de Derecho.
Imagínese ahora a los adictos a las drogas. La ley que regula los estupefacientes establece una presunción de culpabilidad que es inconstitucional en los estrados palaciegos, pero plenamente aplicable en cualquier esquina de barrio humilde. La presión propia de un sistema judicial creado en razón de las apariencias y valores de un sector ideológico ha tocado a las puertas de quienes durante más de 30 años se mantuvieron impunes, sorteando los estrados judiciales. Ese es el sistema judicial.
Éste análisis no es caprichoso, sino fruto de una conciencia de globalidad. El autor desdeña la cuestión popular al asignarle el carácter de “nunca poner la otra mejilla”. Desde aquí, creemos que nunca debiera habérsele abofeteado, en primerísimo término. Poner la otra mejilla es ignorar el primer golpe y dejarlo impune.
Traer a colación a los adictos o a los rateros para visualizar el accionar del derecho sobre la vida común es un análisis que debe estar presente si va a hablarse de los defectos del sistema. Sin embargo, entiendo que no se está hablando del defecto del sistema sino de cómo éste afecta la impunidad cuando recae sobre los impunes.
Por eso coincido con él en su frase final: “La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nombres del poder. Hacer gala de ellas es un poderoso disuasivo y un instrumento disciplinador”. Porque es ese accionar arbitrario y esa impunidad de larga data la que se está juzgando, con las herramientas dadas por un sistema democrático que amenaza con quedarse más tiempo del que los sectores juzgados están dispuestos a tolerar. En éste “teatro de los juicios” se está escribiendo la historia que no debía ser recordada. La historia que tardó 30 años en recopilarse para poder preguntarse qué fue lo que pasó.
Ojalá fuera tan fácil encontrar un error para condenar moralmente una tarea como la llevada adelante. Pero el argumento es más fuerte: colocar como presos políticos a los responsables de los crímenes, cargando al valor social de Justicia con un tinte intencional que quieren hacer creer que nunca existió, ni en el espíritu de la ley ni en las convicciones del juez.
Ojalá la crítica fuera más global. Defender las posturas que defiende Romero, con las herramientas con las que lo hace no es ni más ni menos que comunicar a la población cuál es la visión del procesado por delitos de lesa humanidad y sus abogados. A mi me han dicho lo mismo.
Es una confesión de parte, amigo mío... nos estás diciendo de parte de quien venís a escribir.
